viernes, 10 de octubre de 2014

Un poco de Todo..

Recientemente salio en el periodico. un articulo que me parecio muy interesante porque muchas de las cosas que comentan, son cosas que se desconocen.. Aca lo comparto.. 

El mundo que pasó por aquí
Fueron personajes quienes a su muy particular manera hicieron historia, derrotando al lado oscuro de la fuerza o haciendo triunfar una revolución en Cuba. Su paso por Guatemala, lejos de ser planeada, fue más bien casual. Algunos casi accidentes mortales, otros como una forma de huida. Nada de qué sentirse orgulloso –como la más reciente de las páginas escritas por McAffee en tribunales del país– solo anécdotas del mundo que pasó por aquí. 
  
Darth Vader se arrepintió de no destruir Guatemala

Era el proyecto más ambicioso del lado oscuro, como una amenazante esfera de hierro la Estrella de la Muerte orbitaba alrededor del planeta Yavin con intenciones de destruirlo. Casi lo logra, de no ser porque Luke Skywalker y los rebeldes encontraron en Tikal, Petén, el lugar perfecto para planear su ataque.

Dentro del mundo de Star Wars, Tikal fue llamado luna “Yavin 4”. George Lucas se enteró de su existencia cuando vio un póster en una agencia de viajes en Inglaterra. Supo que era el lugar ideal para filmar las escenas donde Han Solo (Harrison Ford) aterriza su Halcón Milenario, y las naves X-wind despegan para iniciar el ataque contra tan letal arma, de fondo, el Gran Jaguar y el Templo II.

Un grupo de empleados del lugar fue delegado para acompañar la comitiva de filmación. Uno de ellos, a quien el presidente del club de fans de Star Wars Guatemala, Ricardo Alejos, apenas recuerda como Chepo, casi protagonizaba la toma. Se suponía que debía ser el guardia rebelde encargado de guiar las naves, pero durante la filmación se movía mucho. Por ello fue reemplazado por Lorne Peterson, ganador del Oscar por efectos visuales en Indiana Jones III.

El martes pasado, Alejos se reunió con personal del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) para promover a Guatemala como escenario en la próxima secuela de la serie, el Episodio VII, donde Skywalker regresa a Yavin 4 para formar una academia de jedis.











Las momias de Guanajuato enterradas en Sacatepéquez

Cagliostro, un conde quien hace siglos descubrió la fórmula para la vida eterna, se une con el científico Raymond. Ambos querían conquistar el mundo mediante el poder del ernio, un mineral ficticio con un poder de radiación tan grande como el sol. Nadie sabía exactamente dónde encontrarlo, excepto las momias de Guanajuato enterradas en el convento de Capuchinas, La Antigua Guatemala. Los luchadores Rayo Jalisco y Mil máscaras se encargaron de detenerlo.

El robo de las momias de Guanajuato (1972) corresponde a una generación de películas mexicanas filmadas en Guatemala. El historiador de lucha libre, autodenominado Perceo, explica que estas películas encontraron en Guatemala un ahorro para sus bolsillos. En su mayoría estos proyectos contaban con bajos presupuestos; las exoneraciones de impuestos y bajos aranceles del país les favorecían.

En esta ola fílmica algún día vieron pelear a Blue Demond bajo la Torre del Reformador o a sus compatriotas rodar en la arena de la zona 5, el Gimnasio Teodoro Palacios Flores.


El cerro que los adultos no saben que es una serpiente tragando un elefante

En su libro, Antoine de Saint-Exupéry dijo que se estrelló en el desierto del Sahara. Aunque para 1938 el Aeropuerto La Aurora parecía un desolado potrero, fue en la ciudad capital donde el escritor francés tuvo aquel accidente y la idea para escribir el clásico de la literatura universal El Principito.

No hay pruebas explícitas que se refieran al país como su inspiración. Pero en el libro La Antigua Guatemala es el Asteroide B-612 donde nació El Principito, Jorge Carrol señala estas posibilidades.

Saint-Exupéry tuvo una pelea “de adultos”–como diría el muchacho rubio de su historia– con su esposa Consuelo Suncín, quien constantemente lo comparaba con su exesposo ya muerto, el escritor guatemalteco Enrique Gómez Carrillo.

Para 1932 era conocido como escritor, pero rechazado como piloto por su fama de distraído. Chocó en Francia, Libia y Guatemala, aquí por una sobrecarga de combustible. Su recuperación en la ciudad colonial le dio las imágenes para crear el Asteroide B-612. La ubicación de los volcanes que el Principito deshollina, según Carrol, coinciden con la posición de los volcanes de Agua, Fuego y Acatenango. Además, como el primero, uno de ellos estaba extinto.

Además, la rosa que tan única creía aquel pequeño, deduce Carrol, es una alusión a La Antigua Guatemala llamada la Ciudad de las perpetuas rosas. Respecto al dibujo donde todos veian un sombrero, y que para cualquier adulto podría ser el cerro de Oro en Santiago Atitlán, solo un niño parado en un muelle de Panajachel podría ver ahí la serpiente que devora un elefante.

El pionero del cine escondido entre cafetales


Ver hoy las producciones de Eadweard Muybridge recuerda a las animaciones GIF. Esas breves secuencias de imágenes popularizadas por el chat Messenger, donde un personaje realiza una acción y se repite un ciclo infinito. 

El hombre quien por resolver la duda si los caballos, en su carrera, tenían un momento donde sus patas no tocaban el suelo, terminó por crear el aparato que precedió a los proyectores de cine. A lo largo de una pista colocó cámaras listas para activarse cuando se reventara un hilo, el equino las rompió a su paso y así creó su famosa secuencia, Caballo en movimiento.

Vino a Guatemala en 1875. Cuando Justo Rufino Barrios inició su política de cambiar la grana y la cochinilla por el café para exportación. El fotógrafo formó uno de los primeros registros de la producción de los cafetales.

En su visita perfeccionó sus técnicas que desembocaron en su gran invento, el historiador Miguel Álvarez cuenta que Muybridge vino más bien como una forma de escape. Después de asesinar al amante de su esposa, se entregó a las autoridades y consiguió que un grupo de influyentes abogados lo defendieran en Estados Unidos. Fue absuelto por “locura momentánea”, por ello sus defensores le recomendaron refugiarse en un lugar lejano: Guatemala.


Aquí se hizo el Ché, aquí se enamoró

En una plaza de Cuba hay una placa grabada con las palabras de Ernesto Guevara “...estaba en aquellos momentos en Guatemala, en la Guatemala de Árbenz... Entonces me di cuenta de una cosa fundamental, para ser médico revolucionario o para ser revolucionario, lo primero que hay que tener es revolución”.

Era ya el segundo viaje que hacía por Latinoamérica, cuando envió una carta a su tía Beatriz. En el escrito le cuenta su enojo al ver los dominios de la United Fruit Company, imagen que lo impactó aún más y llevó a confirmar su vocación revolucionaria. “He jurado ante una estampa del viejo y llorado camarada Stalin no descansar hasta ver aniquilados estos pulpos capitalistas. En Guatemala me perfeccionaré y lograré lo que me falta para ser un revolucionario auténtico”, escribió el argentino.

Su apodo y su primera esposa también le llegaron en Guatemala. Fue bautizado como Ché debido a su muletilla característica de los rioplatenses. El sobrenombre se lo puso Antonio Ñico López, asesinado años después dentro del gobierno de Fulgencio Batista en Cuba.

La Pensión Meza, zona 1, aún cuida la cama y la habitación donde el revolucionario se hospedó. En alguna ocasión, Guevara y su esposa Hilda Gadea visitaron en sus días de descanso una fábrica de juguetes en la zona 1 capitalina para jugar futillo. Ahí, tuvo la oportunidad de anotar unos goles al inventor de aquel aparato, aunque según dijo Alejandro Finisterre, la esposa del argentino jugaba mejor que su marido.

El exiliado padre de los futillos

Era 1936, Alexandre Campos Ramírez (mejor conocido como Alejandro Finisterre), de 17 años, vivía en Madrid, España. Del cielo cayó una bomba que lo aturdió, el resto fueron escombros y un sepulcro de varias horas. Aunque pudo haber muerto, solo quedó cojo un tiempo, de no ser por esa herida nadie jugaría futillo en las ferias.

Según él mismo relató en el documental Tras el futbolín, fue llevado a Montserrat, donde un hotel se convirtió en una extensión del hospital para menores desplazados por la Guerra Civil Española. En aquel refugio jugar fútbol era cosa de todos los días, excepto para los niños mutilados o heridos como él. Fue ahí donde nació la idea. Si ya existía un tenis de mesa, ¿por qué no un fútbol de mesa?

Hizo los planos, y junto a un carpintero crearon el primer futillo. Certificó que era una invención suya, pero un amigo se le adelantó para comercializarlo en Francia. Finisterre intentó iniciar una guerra de patentes, pero el franquismo triunfó en su país y él, como republicano, se exilió.

Primero en Ecuador y luego, en 1954, en Guatemala. Fue en la ciudad capital, en una juguetería llamada Campos Ramírez y Compañía, donde perfeccionó su invento, cambió el balón de corcho de madera por uno de caucho y empezó a comercializarlo.
Otros breves pasos

En 1947 Mario Moreno Cantinflas se presentó en la Feria de Jocotenango cuando solo era torero bufo.

En la década de los años sesenta, Julio Iglesias se presentó en el Salón 6 de La Aurora (hoy Museo de Arte Moderno). Para aquel entonces no era famoso, fue invitado para un evento a beneficio de la Cruz Roja Guatemalteca.

9 de mayo de 2011. Después de dar su último concierto y de camino al aeropuerto para continuar su gira, el cantautor Facundo Cabral fue asesinado en un ataque dirigido contra Henry Fariñas, quien manejaba el vehículo donde se transportaban.


En su breve estadía por Guatemala, el poeta, abogado y periodista José Martí enamoró a la hija de Miguel García Granados, la niña María García Granados. Vivieron un romance, pero Martí estaba comprometido. Cuando él regresó a México la salud de ella empezó a deteriorarse hasta morir. Fue así que, como un lamento, Martí escribió su poema “…dicen que murió de frío: Yo sé que murió de amor”.

miércoles, 31 de julio de 2013

Acueducto (Construccion Colonial)

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jueves, 3 de noviembre de 2011

Conflicto Armado (un estudio mas profundo )






La historia inmediata de Guatemala fue determinada por la experiencia de la Revolución de Octubre y su violenta interrupción. En retrospectiva, se puede sostener la hipótesis de que, sin la interrupción de ese proceso, probablemente se hubiera consolidado la modernización y la democratización del país. La guerra surgió como consecuencia de la contrarrevolución de 1954, y de la radicalización que ello provocó en los actores políticos de la izquierda, en un contexto mundial de guerra fría. Se puede afirmar, igualmente, que la guerra no era el único camino posible, y que fue uno de los elementos que determinaron el surgimiento de los regímenes autoritarios. El mismo autoritarismo creó las condiciones que reprodujeron la guerra y, a su vez, la lucha armada actuó como uno de los factores que hicieron posible el derrumbe del autoritarismo y el inicio de la transición a la democracia.
El período autoritario hizo volver al país a circunstancias históricas diferentes, pero similares en esencia, a las que se vivieron bajo las dictaduras tradicionales. Las violaciones a los derechos humanos, profundas y prolongadas, generadas por los gobiernos de ese período, provocaron un inmenso sufrimiento en toda una generación de guatemaltecos e impregnaron de violencia su cultura política. En los umbrales del nuevo siglo, la guerra y la violación a los derechos humanos siguen presentes en Guatemala, y se agudizan así los problemas de gobernabilidad que dificultan la creación de una cultura participativa y tolerante. La tarea pendiente es aún la consolidación de la democracia. La negociación de la paz es la única solución racional a una guerra prolongada, cuyo término es indispensable para que el pueblo intente recuperar el tiempo perdido. 



El conflicto armado interno comenzó en 1960, cuando el sistema político estaba aún consolidándose después de la crisis generada en 1954 con el derrocamiento del gobierno del Presidente Jacobo Arbenz Guzmán y la subsecuente interrupción de la Revolución de Octubre. Después del breve gobierno de Carlos Castillo Armas y de un período de inestabilidad, accedió a la Presidencia, en 1958, el General Miguel Ydígoras Fuentes. Con él se restableció la normalidad institucional, con la base de la Constitución aprobada en 1955. El nuevo presidente, que había servido bajo la administración dictatorial de Jorge Ubico, ganó las elecciones gracias a una plataforma conservadora, pero de oposición al régimen de la Liberación. Su agenda de gobierno tuvo como elemento principal la modernización económica, especialmente el desarrollo industrial en el marco del fortalecimiento del Mercado Común Centroamericano y del impacto que este proceso estaba provocando en la economía nacional. En materia de política exterior, el gobierno fomentó la integración centroamericana, así como la incorporación del territorio de Belice. Las fuerzas políticas de la izquierda, por su parte, estaban aún bajo el impacto de los acontecimientos de 1954; su espacio de acción era limitado, y algunas de aquéllas, como las comunistas, estaban proscritas legalmente. En el seno de esas fuerzas se discutía entre aceptar las reglas del nuevo orden u optar por formas violentas de acceso al poder.
Internacionalmente, el hecho que más influía era la Revolución Cubana. Estados Unidos ejercía presión en América Latina, y en especial en Centro América, para obtener posiciones oficiales contra Cuba, en tanto que las fuerzas de izquierda consideraban a este país como el modelo a imitar, tanto en cuanto a la transformación de la sociedad, como en la forma de acceso al poder, es decir, la vía armada. En el Ejército de Guatemala tampoco se habían resuelto las contradicciones provocadas por los hechos de 1954, y en el cuerpo de oficiales persistía una corriente identificada con la Revolución de Octubre.

El Alzamiento del 13 de Noviembre y el Principio de la Guerra

Varios hechos confluyeron en la crisis militar que originó el alzamiento del 13 de noviembre de 1960: Los conflictos ideológicos ya mencionados; demandas corporativas insatisfechas; irritación ante hechos de corrupción en el gobierno y en el propio ejército; así como la peculiar situación que creó la instalación en territorio guatemalteco, en la finca Helvetia en Retalhuleu, de un campamento subrepticio de exiliados cubanos que se preparaban para participar en la invasión de Bahía de Cochinos. Esta última acción vulneraba el principio de soberanía nacional, tan caro a los militares. El Presidente Ydígoras había involucrado al país en los preparativos del ataque a Cuba, en la creencia de que así recibiría el apoyo estadounidense en la reclamación sobre Belice.
Los oficiales insatisfechos organizaron un movimiento, al que denominaron Logia del Niño Jesús, con el objetivo de derribar al gobierno. Al parecer, inicialmente se involucró un número elevado de oficiales, pero la mayor parte de ellos vaciló en el último momento. Además de ello, la mala planificación y la deficiente conducción del alzamiento determinaron que éste se limitara a un cuartel de la ciudad capital y a dos zonas militares del interior del país. Por otra parte, y pese a una disponibilidad no despreciable de recursos humanos y bélicos, después del alzamiento original los rebeldes se replegaron a las Zonas de Zacapa y Puerto Barrios, donde fueron batidos, después de algunos días de combate, por tropas leales al gobierno, al mando del entonces Ministro de Agricultura, Coronel Enrique Peralta Azurdia.
La mayoría de los oficiales comprometidos en el alzamiento se rindió y posteriormente se reintegró a la vida legal, pero un grupo de ellos se refugió en Honduras y El Salvador, y optó por continuar la lucha. Entre los dirigentes figuraban Luis Turcios Lima, Marco Antonio Yon Sosa, Alejandro de León Aragón, Luis Trejo Esquivel, Vicente Loarca y Francisco Franco Almendaris. El grupo trató de establecer contactos con algunos partidos políticos y con antiguos compañeros suyos en el ejército, a fin de organizar un nuevo golpe. Como este esfuerzo no prosperó, los rebeldes tomaron la decisión de organizarse como guerrilla, para lo cual les fue útil el entrenamiento de comandos que habían adquirido algunos de los oficiales. Paulatinamente emergió, también, un proceso de modificación del pensamiento político de varios de los alzados, lo cual se inició a partir de contactos con campesinos y, después, por medio de las relaciones que se establecieron con el partido comunista, Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), que actuaba en la clandestinidad desde la caída de Arbenz. La idea de derrocar al gobierno se cambió por la búsqueda de cambios sociales y políticos, y por la adopción, en algunos oficiales, de un pensamiento de izquierda. Dicha iniciativa de los alzados coincidió con la discusión y los esfuerzos del PGT, en cuanto a optar por la vía armada como forma de impulsar la revolución. Este partido, desde su III Congreso realizado clandestinamente en 1960, y también por decisión del Comité Central, optó por la lucha armada, pero enfrentaba problemas políticos y operacionales para ejecutar tal decisión. En esa coyuntura coincidió también una intensa reactivación de movimientos populares antigobiernistas, especialmente de estudiantes y trabajadores.
En febrero de 1962, los oficiales alzados organizaron el Movimiento Rebelde 13 de Noviembre (MR-13), e iniciaron sus actividades con la ocupación de las poblaciones de Morales y Bananera en el Departamento de Izabal. Posteriormente, los rebeldes se dispersaron en tres columnas para tomar la Base Militar de Zacapa, con ayuda de cómplices en el interior de ésta. Este peculiar objetivo indica un grado muy inicial en la elaboración de una estrategia propiamente guerrillera. El operativo fracasó, y en los choques armados perecieron el Teniente Zenón Reina y el cabo Antonio López. Los rebeldes organizaron también, en la capital, el frente Marco Antonio Gutiérrez. En marzo del mismo año se inició un movimiento político y social en la capital, en protesta por el fraude cometido en las elecciones parlamentarias, lo cual desembocó en una petición de renuncia al Presidente Ydígoras. El movimiento se prolongó unos dos meses e incluyó una huelga general y prolongadas luchas callejeras; abarcó a amplias capas de la población, incluyendo partidos políticos y organizaciones de profesionales, pero las principales acciones en las calles fueron promovidas por estudiantes de postprimaria y de la Universidad, así como por sindicalistas.
Las actividades mencionadas no consiguieron su objetivo, pero constituyeron la mayor protesta social desde la caída de Arbenz y generaron una sustancial radicalización de la vida política. En el mismo período, el PGT impulsó dos `operativos' armados, por medio de los cuales se buscaba influir en la crisis y provocar un golpe de Estado democratizador. El primero de éstos consistió en la penetración de una columna desde México, pero ésta fue desbaratada en Huehuetenango por su pobre preparación. El segundo fue el intento de abrir un frente guerrillero cercano a la ciudad capital, concretamente en el Departamento de Baja Verapaz, para lo cual se organizó la columna 20 de Octubre, que inició operaciones el 11 de marzo de 1962. Este grupo, del cual formó parte Rodrigo Asturias, posteriormente fundador de ORPA, también fue batido con facilidad, como consecuencia de errores en la concepción y ejecución de sus planes. En efecto, los preparativos se realizaron apresuradamente, sin conocimiento adecuado del terreno ni suficientes contactos con la población. Los rebeldes fueron detectados por comisionados militares y cercados y diezmados por el ejército en la localidad de Concuá. Los hechos posteriores al 13 de noviembre de 1960 determinaron el inicio de la guerra interna, en la medida en que la izquierda decidió que la violencia armada era el camino indicado para impulsar los cambios necesarios en el país. Por otra parte, el régimen político posterior al derrocamiento de Arbenz acentuó su carácter autoritario y se anuló el posible tránsito hacia la democracia.

Primera Fase Guerrillera

En diciembre de 1962 las fuerzas insurgentes se fusionaron en las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), integradas por el Movimiento Rebelde 13 de Noviembre, el Movimiento 20 de Octubre, que había actuado en Concuá, y el Movimiento 12 de Abril, formado por estudiantes. Los dos últimos grupos estaban dirigidos por el PGT y, por ello, la organización de las FAR implicó una alianza de los militares insurgentes con el partido comunista y con algunos líderes de izquierda. También se concibió un frente amplio que debería servir como brazo político de las FAR, al cual se denominó Frente Unido de Resistencia, pero que no llegó a ser operativo.
La fuerza guerrillera se organizó en tres frentes: el primero, denominado Alaric Bennet, estuvo bajo el comando de Yon Sosa en las Montañas del Mico, en el noroeste de Izabal; el segundo, dirigido por Luis Trejo Esquivel, operaba en la Montaña La Granadilla, en Zacapa; y el tercero, llamado Frente Guerrillero Edgar Ibarra (FGEI), comandado por Turcios Lima, estaba en la Sierra de Las Minas, entre Zacapa e Izabal.
La guerrilla consolidó su tendencia a concentrarse en la región oriental del país, cuyas características sociales son una población predominantemente ladina, la pequeña y mediana propiedad rural, las grandes plantaciones bananeras propiedad de empresas norteamericanas y con núcleos de proletarios agrícolas y trabajadores portuarios. Aparte de las plantaciones, la región es importante por las vías de comunicación entre la capital y los puertos del Atlántico. Topográficamente se caracteriza por tener zonas áridas y semiáridas de poca vegetación, y áreas de montaña húmeda. La región fue escogida por la experiencia de movilización adquirida allí por la guerrilla y por los niveles de organización alcanzados por el PGT, en especial entre los trabajadores agrícolas y portuarios, que se integraron como base social de la insurgencia. Se pensaba también que las acciones militares incidirían en la economía del país, en la medida en que afectaran la comunicación con los puertos del Atlántico.
Turcios y Yon Sosa habían viajado a Cuba en 1962 y el contacto con la Revolución Cubana les permitió definir sus concepciones revolucionarias, pero la estrategia correspondiente estaba poco desarrollada. Se esperaba que los frentes guerrilleros se extendieran por el país, y que se generara una situación revolucionaria generalizada. Esta concepción era parte del llamado `foquismo', bastante extendido en la experiencia revolucionaria latinoamericana de la época.
La guerrilla se integró con los ex militares del alzamiento del 13 de noviembre, cuadros del PGT y reclutas civiles, entre los que predominaban estudiantes, maestros, algunos obreros, proletarios agrícolas y campesinos; la poca participación femenina era evidente. La guerrilla se organizó con una gran mayoría de ladinos. Se estableció, asimismo, un frente en la capital, bajo el comando del Teniente Coronel Vicente Loarca. Desde 1961 los militares insurrectos habían realizado diversas operaciones en la capital, en una de las cuales murió uno de los oficiales de mayor graduación entre los alzados, el Teniente Coronel Alejandro de León Aragón. Ya creadas las FAR y organizadas principalmente con miembros del PGT, y por medio de la Resistencia Urbana, las FAR realizaron actividades de propaganda, sabotajes, atentados y secuestros, además de proporcionar apoyo logístico a los frentes rurales.
El ejército, que en esa época tenía cerca de 8,000 efectivos, estaba entrenado y equipado para la guerra convencional, por lo que su reacción inicial frente a los ataques guerrilleros fue poco eficiente. A partir de mayo de 1962, con el establecimiento de un centro de formación antiguerrillera en Mariscos, Izabal, dirigido por una misión de las Fuerzas Especiales del ejército de Estados Unidos, comenzó a readecuarse a la guerra contrainsurgente.
Las acciones bélicas de mayor importancia se libraron en los frentes rurales. El primero de éstos, que tenía como Comandante a Yon Sosa y como segundo jefe a Estanislao De León, se organizó en las Montañas del Mico, con militares y militantes locales del PGT. Allí mismo se integró un frente secundario en la Montaña de Sinaí, el cual, bajo el mando del oficial Rodolfo Chacón, tuvo algunos éxitos en la toma de algunas guarniciones locales y la captura de armamento, pero su campamento fue sorprendido por el ejército y Chacón murió en el encuentro. Un segundo frente secundario, que operaba en el Cerro San Gil bajo el mando de Emilio Era Zaldívar fue también eliminado, por lo cual Yon Sosa se dedicó a consolidarse en su área original. Este frente operó después en torno a una columna de combatientes, apoyada en una red de Comités de Aldea que se constituían como un poder local alternativo y que ayudaban a organizar grupos de milicianos auxiliares, todo lo cual constituía apoyo social, localizado en una región del Departamento de Izabal, cercana a la frontera con Honduras. El frente se consolidó y ejerció considerable control en esa área, pero no logró expanderse y sus operaciones militares fueron básicamente defensivas.
El segundo frente estaba en la Montaña Las Granadillas bajo el mando de Luis Trejo y Bernal Hernández, éste en calidad de segundo jefe. Se organizó con ex soldados, antiguos miembros de la Policía Militar, campesinos locales y algunos cuadros del PGT. Los dos comandantes citados pertenecían al grupo originario de oficiales alzados, pero tenían diferencias ideológicas, puesto que Trejo había desarrollado un pensamiento revolucionario, del que carecía Hernández. La unidad empezó a trabajar nuevamente el plan de tomar la Base de Zacapa. Sin embargo, las diferencias en el mando y en la concepción de la lucha afectaron la moral del grupo. Descubierta y atacada por la aviación, la unidad se retiró y se desintegró. Bernal Hernández desertó y se incorporó al ejército.
El tercer frente, denominado Edgar Ibarra, y organizado bajo la dirección de Luis Turcios, fue el que alcanzó el mayor grado de organización y desarrollo militar, y el más alto protagonismo en la confrontación con el ejército. El FGEI operaba en torno a una columna de combatientes que en ocasiones se subdividía y se desplazaba a lo largo de la Sierra de Las Minas, en los Departamentos de Zacapa e Izabal, aunque también incursionó en Alta Verapaz y Chiquimula. Especialmente en Zacapa organizó varios Comités de Aldea como base social. En general, la guerrilla mantuvo su principal presencia en los Departamentos de Zacapa e Izabal, pero intentó abrir otros frentes en Chiquimula, Jutiapa, Jalapa, El Progreso y Alta Verapaz.
La primera fase de la guerra se extendió de 1962 a 1968. La insurgencia alcanzó un grado de desarrollo importante y se extendió a otras partes del país, pero las operaciones militares tuvieron reducida intensidad y las organizaciones revolucionarias eran pequeñas. El FGEI, en uno de sus momentos de auge, tenía cerca de 60 combatientes y 700 elementos de apoyo en la población. Sus principales acciones militares fueron la toma de Río Hondo, en Zacapa, y de Panzós, en Alta Verapaz, en 1964; así como la emboscada de Sunzapote, Zacapa, en 1966, con 11 bajas para el ejército, la que fue su mayor victoria.
A finales de 1967, el frente comandado por Yon Sosa informó que había sufrido 61 bajas durante cuatro años de operaciones (49 muertos y 12 heridos) y que había causado 486 al ejército (181 muertos y 305 heridos), en los años que ya duraba la contienda. Tales cifras pueden no ser exactas, pero indican un nivel limitado de actividades. El frente urbano de la capital, una de cuyas secciones se denominó Rodolfo Chacón, realizó pocos hostigamientos propiamente militares, uno de los cuales fue el ataque a un desfile militar, en febrero de 1965; la mayoría de acciones fue de atentados, como aquel en el que murió el Viceministro de la Defensa Nacional, Coronel Ernesto Molina Arreaga, en mayo de 1965, y otros más fallidos, como cuando se trató de eliminar al Jefe de Gobierno, Coronel Enrique Peralta Azurdia. También se efectuaron ataques con explosivos a la infraestructura vial, a edificios gubernamentales, a la representación diplomática de Estados Unidos, y contra varios comercios.
Sin embargo, el impacto político de la guerrilla fue mayor que su fuerza militar, ya que se convirtió en un factor de poder. En efecto, se produjo un cierre de los espacios políticos, ya que el gobierno del Presidente Ydígoras, que había sobrevivido la crisis de marzo y abril de 1962 en buena medida por el apoyo militar, quedó debilitado; enfrentó con dificultad un alzamiento de la fuerza aérea y en marzo de 1963 fue derrocado por un golpe dirigido por el Ministro de la Defensa, Coronel Enrique Peralta Azurdia, quien pasó a presidir el gobierno militar que se instauró a continuación. El ejército, como justificación de la asonada, adujo la corrupción del gobierno y lo que, a su juicio, era una actitud débil ante el avance del comunismo. Específicamente, se aludió a la autorización concedida al ex Presidente Juan José Arévalo para retornar al país y presentar su candidatura presidencial.
El gobierno militar estuvo tres años en el poder, y decretó una severísima legislación anticomunista. Sin embargo, la reconversión contrainsurgente del ejército prosiguió muy lentamente, en parte por la relativa distancia que el gobierno mantenía con el de Estados Unidos por la mentalidad nacionalista del Jefe de Gobierno, lo cual redujo la asistencia militar de la potencia hegemónica. Aparte de ello, el carácter de facto del gobierno y su tendencia extremadamente conservadora permitieron a la guerrilla adoptar una posición antidictatorial.
El ejército mantuvo el carácter de una fuerza equipada, organizada y entrenada al estilo de la Segunda Guerra Mundial, y estaba concentrado en varias bases militares distribuidas en previsión de conflictos externos. Por lo tanto, la lucha antiguerrillera se orientó hacia la defensa de las vías de comunicación y de las poblaciones, y las penetraciones ofensivas del ejército en la montaña eran poco efectivas por carencias logísticas.
El movimiento insurgente no se mantuvo unido; por el contrario, diversos conflictos políticos e ideológicos lo fraccionaron. El primero de éstos surgió cuando el frente de Yon Sosa aceptó la cooperación de la IV Internacional, de afiliación trotskista, y cuando uno de sus cuadros, Francisco Amado Granados, asumió posiciones de dirección, en un contexto de influencia de los trotskistas mexicanos. Paulatinamente, el planteamiento ideológico del frente entró en conflicto con el de otros componentes de las FAR, lo cual, por fin, le llevó a su separación a finales de 1964. El sector dirigido por Yon Sosa recuperó el nombre original de Movimiento Rebelde 13 de Noviembre (MR-13N). Los temas centrales de la discrepancia se referían al carácter de la revolución guatemalteca, a las alianzas y a las características de la guerra.
El MR-13N elaboró un planteamiento de la revolución basado en un programa antiimperialista y anticapitalista, en el cual se empleaba el marxismo como método de análisis y se reconocía el socialismo como una meta. En dicho planteamiento, inspirado en los ejemplos de China y Cuba, se negaba el papel de la burguesía nacional como posible aliado, y se sostenía que era posible desarrollar la revolución socialista, inmediatamente, sobre la base de la alianza obrero-campesina; se sostenía que ello se podía lograr por medio de la insurrección popular, provocada por una huelga general. Tal planteamiento discrepaba del programa del PGT, que postulaba una revolución democrática nacional como fase previa para llegar al socialismo por la vía de una amplia alianza de clases en contra de la oligarquía y el imperialismo. La posición del MR-13N incluyó, además, una crítica al PGT, que se habría de repetir en otros conflictos, y se señalaba que ese partido, aun cuando participaba en la guerra, seguía considerando válidas otras alternativas de lucha, entre las que se incluía la arena político-electoral. Los comunistas, por su parte, consideraban al trotskismo como una desviación de ultraizquierda infiltrada en el movimiento revolucionario, la cual generaba posiciones extremistas que no tomaban en cuenta la realidad del país. El FGEI, con alguna vacilación, optó por permanecer aliado al PGT.
En enero de 1966, Luis Turcios asistió a la Conferencia Tricontinental en Cuba, en la cual se trató de agrupar a todos los movimientos revolucionarios del mundo. En esa ocasión, Fidel Castro públicamente apoyó a las FAR y atacó con dureza a los trotskistas. Sin embargo, las discrepancias no desaparecieron y se acentuaron con los reveses que posteriormente sufrió la guerrilla. En 1968 las FAR rompieron con el PGT y éste organizó las Fuerzas Armadas Revolucionarias con algunas fuerzas que le eran leales. Las FAR, por su parte, restablecieron su alianza con el MR-13N.

Segunda Fase: Supervivencia y Recomposición

En 1966 la guerra estaba empantanada, sin mayores avances de las partes. Sin embargo, se ha estimado que la fuerza guerrillera contaba entonces con unos 300 combatientes permanentes y 8,000 elementos de apoyo, distribuidos en dos frentes principales: el Edgar Ibarra, en Zacapa, y el Alejandro de León, en Izabal, éste del MR-13N. Además, existían la Regional Central, en la capital; la Regional de Occidente, en Quetzaltenango y San Marcos; la Regional del Sur, en la Costa Sur; y núcleos en Alta Verapaz y Santa Rosa.
Las condiciones políticas, que permitían ciertos espacios a los revolucionarios, cambiaron cuando el gobierno militar culminó un proceso de retorno a la constitucionalidad, el cual se inició con la instalación de una Asamblea Constituyente que redactó la Constitución de 1965 y convocó a elecciones generales en 1966.
El Partido Revolucionario postuló como candidato de oposición al Licenciado Julio César Méndez Montenegro, hermano de Mario Méndez Montenegro, fallecido, quien había sido el candidato original de dicho partido. La guerrilla buscó adaptarse a la nueva situación, y apoyó la candidatura de Méndez Montenegro. Al parecer, se estimaba que a éste no se le entregaría el poder, que habría fraude y que, por consiguiente, se agudizaría la polarización política.
Efectivamente, Méndez Montenegro ganó las elecciones, pero el gobierno militar decidió entregarle el poder, después de que el Presidente y el Vicepresidente electos firmaron un pacto secreto con el alto mando del ejército, por el cual se garantizaba la estabilidad institucional y la continuación del combate a la guerrilla. El 1º de julio de 1966, Méndez Montenegro asumió el poder. Ante estos acontecimientos inesperados, las FAR dispusieron una tregua, esperaron los actos iniciales del nuevo gobierno, e iniciaron con éste algunos contactos secretos. El nuevo régimen llamó a los rebeldes a acogerse a una amnistía. En el seno de la insurgencia se produjo un debate entre quienes esperaban un cambio y los que sostenían que éste no era factible y que era necesario continuar la lucha. En ese lapso, los guerrilleros relajaron su seguridad, confraternizaron con la población civil, recibieron a varios periodistas y realizaron contactos políticos. Todo ello fue aprovechado por el servicio de inteligencia del ejército, que trató de mejorar su información sobre la estructura de los rebeldes, y preparó una nueva acción ofensiva. Las unidades militares fueron retiradas de los escenarios de guerra, lo que la guerrilla identificó como debilidad de los militares. El ejército, sin embargo, fue reequipado y entrenado por asesores militares durante la tregua. El comandante del FGEI, Luis Turcios, intuyó la reanudación de las hostilidades y ordenó los preparativos del caso, pero su muerte, en un accidente automovilístico ocurrido en la capital el 2 de octubre de 1966, desorganizó la estructura de mando y privó a la insurgencia de quien era su más reconocido dirigente político y militar. La comandancia del FGEI fue asumida por el estudiante Julio César Macías (César Montes).
Inmediatamente después de la muerte de Turcios, el ejército lanzó su ofensiva, primero contra el FGEI y después contra el MR-13N. Las tropas gubernamentales demostraron una mayor capacidad operativa, ya que destacaron numerosas patrullas a lo más remoto de la montaña, donde se ubicaba la guerrilla; además, unidades motorizadas se movilizaban en la carretera, y mediante comunicaciones radiales buscaban colocar entre dos fuegos a las unidades guerrilleras. La ofensiva se extendió a la población civil que había sido organizada o estaba en contacto con los insurgentes. Las bases de apoyo civil fueron masivamente eliminadas con la asistencia de numerosos desertores de la guerrilla, y se organizaron grupos de apoyo al ejército. Las unidades de combatientes quedaron aisladas y fueron batidas por las fuerzas gubernamentales en numerosos encuentros en los que perecieron muchos integrantes de las columnas rebeldes. A mediados de 1967 los frentes rurales habían sido esencialmente destruidos. Varias razones explican tan decisiva victoria militar. Por una parte, el nuevo gobierno restableció un buen nivel de cooperación militar con Estados Unidos, cuya asistencia aceleró la reconversión del ejército hacia la contrainsurgencia, y se mejoraron tácticas como la de Acción Cívica Militar y el uso de los comandos móviles ya mencionados. Por lo menos, al principio, la instauración de un gobierno civil libremente electo privó de argumentos políticos a la guerrilla; además, la tregua de hecho y el apoyo a Méndez Montenegro debilitaron la voluntad de lucha de los rebeldes. La guerrilla era deficiente en términos de efectivos, armamento y logística, pero tenía apoyo social. Sus debilidades estaban compensadas por las propias carencias del ejército. Los insurgentes no tenían una estrategia que superara el foquismo, aunque se buscaban alternativas, como la de incorporar en la lucha a los indígenas. Les afectaba, asimismo, el divisionismo interno.
Al parecer, la razón principal de la derrota guerrillera fue la generalización de una estrategia contrainsurgente basada en el terror. Durante los primeros años de la guerra, el Estado reaccionó contra la guerrilla en el marco de la legalidad, pero el gobierno militar no sólo aplicó las severas leyes emitidas después del golpe, sino también actuó fuera de la ley. El caso más conocido de ilegalidad fue el secuestro y ejecución de 28 dirigentes de la insurgencia, en marzo de 1966. En esa acción fueron capturados en diversos puntos, pero principalmente en la capital, y posteriormente ejecutados por los cuerpos de seguridad, varios dirigentes del PGT y del MR-13N; entre ellos estaban Víctor Manuel Gutiérrez, Leonardo Castillo Flores, Francisco Amado Granados, Fernando Arce Behrens, David Aguilar Mora, Iris Yon Cerca, Eunice Campirán de Aguilar Mora y otros. La insurgencia reaccionó y secuestró al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Romeo Augusto de León, al Vicepresidente del Congreso, Héctor Menéndez de la Riva, y al Secretario de Información del Ejecutivo, Baltasar Morales de la Cruz. Mediante ese procedimiento se trató de rescatar a los dirigentes secuestrados.
Similares métodos contrainsurgentes se generalizaron después del cambio de gobierno, cuando empezaron a actuar unidades armadas irregulares conocidas como `grupos clandestinos anticomunistas' o `escuadrones de la muerte'. Organizados por el gobierno, dichos grupos hicieron detenciones ilegales, torturaron y ejecutaron extrajudicialmente a personas sindicadas de pertenecer o apoyar a la insurgencia. De tales grupos llegaron a operar 23, entre 1966 y 1970, tanto en la capital como en los Departamentos. Los nombres más conocidos fueron La Mano Blanca, la Nueva Organización Anticomunista (NOA), el Consejo Anticomunista de Guatemala (CADEG), Ojo por Ojo. Uno de los nombres de uso más reciente es Jaguar Justiciero. Estas organizaciones crearon un ambiente de extremo terror en la población, por sus amenazas públicas, las que incluían la publicación de listas de personas condenadas, los atentados con explosivos, pintas en las paredes y la impunidad con que detenían ilegalmente a sus víctimas y con la que abandonaban después los cadáveres. La generalización del temor obedeció también a la arbitrariedad y amplitud con que se determinaban los blancos de las acciones de terror. El mismo Arzobispo de Guatemala, Mario Casariego, fue secuestrado en 1968 por La Mano Blanca. Las listas de víctimas incluían a sindicalistas, estudiantes, campesinos, políticos, profesionales que, en una gran proporción, no estaban vinculados a la guerrilla, tales como el parlamentario socialdemócrata, Rodolfo Mijangos López, asesinado en 1971.
Aquel terror respondía a una estrategia contrainsurgente por la cual el Estado actuaba contra sus oponentes de la manera más drástica, con irrespeto de su propia legalidad, y con el ánimo de ocultar responsabilidades. Se estima que unas 3,000 personas murieron, víctimas del terror, durante las campañas antiguerrilleras de 1966 a 1968. Los grupos irregulares nunca dejaron de operar, y durante el primer decenio de su actividad realizaron 13,400 secuestros y asesinatos.
El PGT mantuvo actividades clandestinas, pero no de carácter militar; no obstante, sufrió severos golpes sucesivos. En efecto, en septiembre de 1972, fueron secuestrados y ejecutados varios miembros de su Comité Central, entre ellos sus líderes históricos Bernardo Alvarado Monzón, Hugo Barrios Klée, Mario Silva Jonama y Carlos Alvarado Jerez. En 1974 fue secuestrado y asesinado su Secretario General, Huberto Alvarado.
Después de serios reveses, en 1970 las FAR optaron por una estrategia de `concentración', la cual consistió en reunir los núcleos de combatientes de que todavía disponían, en una sola columna que habría de dirigirse al Departamento de Petén, para abrir allí un nuevo frente. En ese proceso, las unidades al mando de Yon Sosa fueron desmanteladas por el ejército y el mismo jefe guerrillero murió en México, junto con su lugarteniente Eulogio Xitumul (Socorro Sical), cuando fueron interceptados por tropas de ese país. La estrategia de `columna madre' reflejaba todavía concepciones foquistas. Aquella unidad cruzó los Departamentos de Quiché y Alta Verapaz, y atacaron el yacimiento petrolero Las Tortugas. Finalmente, se asentó en la zona de los ríos de La Pasión y Usumacinta, pero no efectuó inmediatas operaciones militares.
En la capital, la resistencia mantuvo cierto nivel de operatividad, principalmente por medio de atentados y secuestros. En enero de 1968, en efecto, en la capital se privó de la vida a los Agregados Militar y Naval de la Embajada de Estados Unidos, John D. Webber y Ernest Munro, y en agosto de ese mismo año fue asesinado el Embajador del citado país, John Gordon Mein, cuando se resistió a su secuestro. Tales acciones fueron explicadas por los guerrilleros como una represalia por la asistencia militar que el gobierno estadounidense brindaba al guatemalteco, y como una demostración de solidaridad con Vietnam.
En febrero de 1970 la guerrilla secuestró al entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Fuentes Mohr, quien fue canjeado por dos guerrilleros detenidos. El 6 de marzo, en una acción similar, la víctima fue el Agregado Laboral de la Embajada de Estados Unidos, Sean Holly, quien fue liberado en canje por dos prisioneros miembros de las FAR. Finalmente, el 31 de marzo, fue secuestrado el Embajador de Alemania, Conde Karl von Spreti, a cambio de cuya liberación los insurgentes exigían la libertad de 40 prisioneros o secuestrados. Ante la negativa del gobierno, el diplomático fue ejecutado, y ello generó la suspensión de relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos. Pese a esas acciones, la resistencia urbana no pudo organizar más actividades propiamente militares y fue diezmada por las acciones de terror. A mediados de 1971 también las estructuras urbanas de la guerrilla habían sido destruidas y la mayoría de sus integrantes había muerto. De la insurgencia sólo quedaban grupos dispersos sin capacidad ofensiva.
La guerra no terminó en esa coyuntura por razones políticas. En 1970 el Presidente Julio César Méndez Montenegro fue sucedido por el Coronel Carlos Arana Osorio, quien había ganado notoriedad combatiendo a la guerrilla en el Departamento de Zacapa. Posteriormente ocuparon la presidencia el General Eugenio Kjell Laugerud, en 1974, y el General Romeo Lucas García, en 1978. Esos gobiernos acentuaron los rasgos autoritarios del régimen. En las elecciones hubo fraude y las violaciones a los derechos humanos adquirieron extrema gravedad. La polarización y la ausencia de espacios democráticos, así como el mantenimiento del terror, determinaron un campo potencial para la actividad de la insurgencia armada y su consiguiente reorganización.
Los esfuerzos por reestructurar la lucha guerrillera no fueron unitarios, pero plantearon una reflexión sobre las causas de la derrota. La autocrítica incluyó a la orientación `foquista', por la cual se consideraba que un núcleo guerrillero, con su solo ejemplo, podía provocar la generalización de la guerra. Tal concepción se sustituyó por la `Guerra Popular Prolongada', o sea la idea de que la guerrilla debe desarrollarse en estrecha relación con la población y en la medida en que ésta toma conciencia de la necesidad de la guerra y se incorpora a ella. De esta manera, los factores militares no predominaron sino que se vincularon a los políticos y sociales. Además, se analizó la composición de clase de la base social utilizada en la Sierra de Las Minas. Allí, en efecto, predominaron los pequeños propietarios, y ello explicaba la relativa facilidad con que las personas se pasaron al ejército. Era necesario, por lo tanto, buscar una base obrero-campesina, o bien, de campesinos indígenas. El elemento central del nuevo planteamiento varió en las diversas iniciativas, pero se refería básicamente a la participación y papel de los indígenas, quienes habían figurado poco en la primera fase. Finalmente, se definió mejor la naturaleza del proyecto revolucionario, al integrarse criterios nacionales con los marxistas. Por consiguiente, se buscaron nuevas zonas para la actividad guerrillera en función de la base social que se buscaba, y de factores topográficos y económicos.
Las FAR, cuya comandancia fue asumida por Jorge Soto García (Pablo Monsanto) se reagrupó en el Departamento de Petén, principalmente en las márgenes del Río Usumacinta. Esta es una región de selva tropical húmeda, cuyos habitantes se dedican a la agricultura o a la selvicultura, en muchos casos en calidad de colonos; tiene pocos caminos, escasa población, extenso territorio, y recursos económicos como la ganadería, el turismo, la industria maderera, y los yacimientos de petróleo. El frente de Petén se dedicó largamente a su propia consolidación, pero también libró diversos encuentros con el ejército, en uno de los cuales, en 1972, murió el comandante Androcles Hernández, cuyo nombre tomó la unidad.
Las FAR también trataron de mantener su presencia en la Costa Sur, en donde predominan los proletarios agrícolas y los campesinos migrantes, y en la que se ubican grandes fincas para la agroexportación. Igualmente, se trató de mantener una cierta organización en la capital. La estrategia central de reorganización se basó en consolidar una base de apoyo en los sectores obrero y campesino, así como en las capas medias, por lo cual se dedicó mucha atención al fortalecimiento del trabajo de masas. El concepto estratégico de la Guerra Revolucionaria Popular implicaba el papel central de las masas en la guerra, cuyo desarrollo provocaría la insurrección en el momento de mayor potencia militar de la guerrilla. Esta concepción consolidaba la perspectiva marxista-leninista y ello condujo, en 1973, a una nueva alianza con el PGT, bajo la consigna Unidad para Vencer. No obstante que dicho partido tenía, igualmente, la Guerra Revolucionaria Popular como eje de su estrategia, las diferencias estructurales, de método y de hegemonía llevaron a un nuevo rompimiento.
Por otra parte, varios revolucionarios que se encontraban en el exterior del país formaron la Nueva Organización Revolucionaria de Combate (NORC), que posteriormente adoptó el nombre de Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), y cuyo Comandante General fue Ricardo Ramírez De León (Rolando Morán). El núcleo inicial estaba en México. El 19 de enero de 1972 una columna de 15 elementos, que incluía a Mario Payeras y a César Montes, penetró al territorio guatemalteco por la selva de Ixcán, en el Departamento de Quiché. Durante más de dos años se establecieron en el área selvática y en la Sierra de Los Cuchumatanes y, en junio de 1975, realizaron la primera acción ofensiva; ésta, a falta de importancia militar, tuvo un significado político, y consistió en la toma de la finca La Perla, en el Triángulo Ixil, donde se ejecutó al propietario, el agricultor Luis Arenas Barrera. Con esa acción, la unidad se dio a conocer públicamente. Aun cuando sólo tenía 50 combatientes, distribuidos en tres núcleos, se estimaba que su radio de acción abarcaba 2,000 kilómetros cuadrados y que disponía de millares de elementos de apoyo civil.
La zona en que se estableció el EGP incluía selva tropical húmeda, poco habitada, así como el Altiplano, densamente poblado por campesinos minifundistas, donde se localizan también muchas fincas cafetaleras. La población es indígena en una considerable mayoría. La zona fue seleccionada en una decisión estratégica del EGP, que consistía en la incorporación del pueblo indígena a la lucha, lo que, a su vez, implicó revisar la concepción de las relaciones entre indígenas y ladinos, para incluir en el proyecto revolucionario las demandas de ese sector de la población, manteniendo como concepto central de la estrategia la Guerra Popular Revolucionaria. El lapso prolongado entre la penetración al territorio nacional y el inicio de las operaciones militares obedeció a la dificultad de actuar en el medio indígena, y al énfasis dado a las operaciones armadas como reflejo de la organización y concientización de la base de apoyo social.
Una iniciativa adicional provino de lo que había sido la Regional de Occidente de las FAR, que después de la derrota optó por actuar independientemente. A partir de un razonamiento similar al del EGP, este grupo decidió desplazarse de la Bocacosta de Quetzaltenango y San Marcos, donde operaba, a un área montañosa ubicada en las estribaciones del Altiplano. En septiembre de 1971 dicha fuerza, que durante algún tiempo sólo fue conocida como La Organización y que después pasó a denominarse Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA), bajo la comandancia de Rodrigo Asturias (Gaspar Ilom), inició su implantación en una zona que abarcaba desde el Volcán Tacaná hasta el Lago de Atitlán. El área es muy poblada por campesinos y proletarios agrícolas indígenas y abarca parte del cinturón de las fincas cafetaleras de la Bocacosta. El criterio para ubicar el primer frente de ORPA fueron también las condiciones sociales y topográficas. Las primeras se referían a la incorporación de los indígenas; y las segundas, a la posibilidad de actuar, al mismo tiempo, hacia la Bocacosta, la Costa y el Altiplano, en un espacio de alta importancia económica. Después se organizó un segundo frente, en el propio Altiplano, en condiciones similares a las de la zona donde se implantó el EGP.
La preparación de ORPA fue mucho más prolongada, ya que surgió públicamente hasta septiembre de 1979 con la toma de la finca Mujuliá, en Colomba, Quetzaltenango, en la ocasión en que llamaron a la `guerra necesaria e inevitable'.
El largo período de instalación obedeció a la dificultad de penetrar en la cultura indígena y al montaje de un tipo de organización con el que se pretendía superar las deficiencias de la primera fase guerrillera. Una de las variaciones consistía en organizar primero las zonas de refugio y después las zonas de combate donde se confrontaría al ejército. Aunque inicialmente el grupo no pasaba de 8 a 15 combatientes, en los siete años de preparación creció a varios centenares, en un 85% campesinos indígenas. El concepto estratégico de ORPA fue la incorporación del indígena o natural, como lo denominaron, a la guerra, y a la inclusión de sus demandas en el programa de la revolución. Desarrollaron un análisis teórico del racismo como base de la ideología dominante.
La cuarta organización revolucionaria, el PGT, mantuvo un cierto nivel de organización en la capital y en una de sus zonas tradicionales, la Costa Sur, y perdió sus bases en la zona del Oriente como consecuencia de su derrota en la primera fase guerrillera. Puesto que era un partido político clandestino en el que se anteponía el llamado trabajo de masas, mantenía una Comisión Militar, un órgano llamado a organizar al partido para la lucha armada, que continuaba siendo su estrategia oficial. Sin embargo, la dificultad de cumplir dicho objetivo y el hecho de que sólo se libraran acciones militares asiladas, determinaron el surgimiento de problemas internos que afectaron continuamente a dicho órgano. En 1978 se produjo un rompimiento interno, principalmente en torno a la reincorporación a las acciones armadas. Un sector del partido se separó y formó una fracción conocida como Núcleo de Dirección Nacional del PGT, la cual criticaba que no se avanzaba lo suficiente en la guerra. El otro sector, que era mayoritario, trató reiteradamente de incorporarse a la guerra. Las disputas internas y los golpes de la contrainsurgencia determinaron que el PGT contribuyera poco a la reactivación del movimiento guerrillero.
Durante el período en cuestión no sólo las diversas unidades guerrilleras se reorganizaron para la nueva etapa de la lucha, sino que lo hizo también el ejército. El alto mando previó la reiniciación de la guerra y completó su proceso de reconversión para ello. Se optó por una organización diferente, adecuada a las hostilidades que se intuían, lo cual incluyó un despliegue que efectivamente coincidió con lo que serían los nuevos teatros de guerra. Al modelo tradicional de las bases militares, propio de la etapa en la que prevaleció la concepción de la defensa nacional frente a amenazas del exterior, le fue añadido el agrupamiento en Brigadas, Puestos de Comando Avanzado y Bases de Patrulla, y se reorganizaron también las ramas aérea y naval en función contrainsurgente.
En el modelo estratégico terrestre, la Brigada fue concebida como un batallón de infantería, reforzado con unidades blindadas de artillería, y helicópteros, y fluctuaba entre 800 y 1,500 efectivos. A principios de la década 1980 se habían organizado 10 Brigadas, distribuidas en las principales zonas de guerra, y divididas en Puestos de Comando Avanzado; éstos tenían una jurisdicción convencional y territorialmente se confundían en ocasiones con las Bases, operativamente se redesplegaban en las Bases de Patrulla, a nivel de municipio o según los distritos escogidos por la propia guerrilla.
En el reequipamiento también se atendieron las características de la guerra irregular. Se montó una fábrica de municiones y se modernizó el armamento de infantería con la introducción, por ejemplo, del Galil, versión israelita del AK-47 ruso, como fusil orgánico. Se concedió importancia a las armas de apoyo, y se modernizaron la artillería y los carros de combate, estos últimos con la fabricación local del carro blindado llamado Armadillo. La fuerza aérea se reequipó con el avión de propulsión A37B, o sea, el Dragon Fly, diseñado para ataques a tierra, así como los aviones de turbo propulsión Pilatus, originalmente diseñados para entrenamiento, pero que esta vez fueron armados; y también helicópteros UH-ID-H, muy usados en Vietnam, o su equivalente civil artillado, el Bell Ranger. Para transporte se introdujo el Arava israelí, en sustitución del C-47.
En aquel período se produjo una confrontación entre el gobierno de Guatemala y el de Estados Unidos. Este último, dirigido por el Presidente Jimmy Carter, puso fin a la asistencia militar a Guatemala, como parte de las presiones internacionales por las violaciones a los derechos humanos. A raíz de ello, el ejército orientó sus vínculos externos hacia Israel, Taiwan y Argentina y, por otro lado, buscó mayores niveles de autosuficiencia. Por ejemplo, ante la falta de acceso a la formación de Comandos en la Escuela de las Américas, en la Zona del Canal de Panamá, creó su propio centro de formación de especialistas para la guerra en la selva, al que se denominó Hogar Infierno Kaibil, y cuyos elementos usan el nombre de Kaibiles. Por otra parte, el estudio de diversas experiencias contrainsurgentes, especialmente la estadounidense en Vietnam y la israelita en el Medio Oriente, proporcionó insumos para diseñar una estrategia contrainsurgente.
Los gobiernos autoritarios y, por consiguiente, el ejército, consideraban a la guerrilla como parte de la amenaza del `comunismo internacional', en un contexto de la Guerra Fría. Se sostenía que la insurrección era impulsada por agentes externos, como la Unión Soviética y Cuba, y no se le reconocía naturaleza de guerrilla; por ello, a los rebeldes se les denominó `facciosos' y, posteriormente, `delincuentes subversivos'. Por la misma razón, no se admitía que la confrontación tuviera el carácter de guerra interna y que pudieran aplicársele los Convenios y Protocolos de Ginebra u otras disposiciones del Derecho Humanitario de la Guerra. Así, no se optó por una solución política negociada, lo que también se explica por la naturaleza autoritaria del régimen. Ciertamente, tampoco la insurgencia se inclinaba por una solución política. Ambas partes creían posible una victoria militar.

Tercera Fase: la Guerra en el Altiplano

El terremoto de 1976 causó grandes pérdidas humanas y materiales en el país. El esfuerzo de reconstrucción abrió espacios para la organización de la sociedad civil, especialmente por medio de sindicatos urbanos y rurales y de entidades indígenas. Ello restableció la beligerancia de los movimientos sociales que habían sido desmantelados en los años precedentes. Surgieron, entre otras organizaciones, el Consejo Nacional de Unidad Sindical(CNUS), una de cuyas centrales sindicales más combativas fue la Central Nacional de Trabajadores (CNT) y el Comité de Unidad Campesina (CUC), que agrupó a campesinos y semiproletarios, y que fue la primera fuerza indígena predominante en las llamadas organizaciones de masas. Igualmente, se movilizaron organizaciones de estudiantes de secundaria y universitarios, en especial la Asociación de Estudiantes Universitarios, los habitantes de barrios marginales en el Movimiento Nacional de Pobladores, grupos de mujeres, etcétera. En poco tiempo, el espacio social se llenó con nuevos y beligerantes actores que planteaban luchas económicas y políticas contra el autoritarismo. Como expresión de la nueva correlación de fuerzas, en octubre de 1978 la resistencia contra el aumento en el precio del transporte urbano se tradujo en las luchas populares más intensas desde las de marzo y abril de 1962.
En la reactivación de los movimientos populares se involucraron profundamente varios sectores cristianos, los cuales se ubicaron en la corriente de la Iglesia Católica que surgió en Latinoamérica, después de la Conferencia de Medellín de 1968. Entendían la vivencia de su fe como `la opción preferencial por los pobres' y, en algunos casos, se colocaron al lado de las organizaciones populares. Ya en las fases anteriores de la guerra se había producido una participación esporádica de cristianos en el movimiento contestatario, como en el caso del grupo Cráter, pero en la nueva fase tal incorporación fue más amplia y profunda. El trabajo de sacerdotes y laicos, activistas de la Teología de la Liberación, jugó un papel importante en el desarrollo de la conciencia de clase de los campesinos indígenas.
A mediados de la década 1970 se produjo, internacionalmente, un avance espectacular de los movimientos revolucionarios en varias partes del mundo, a lo que contribuyó el relativo repliegue de Estados Unidos de la arena internacional, después de la derrota en Vietnam, y la política de la administración del Presidente Carter. Triunfaron revoluciones en Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Etiopía, Irán. En América Latina el gobierno de Manley, en Jamaica, adoptó posiciones de izquierda, y el movimiento revolucionario The New Jewel asumió el poder en Granada. Las relaciones entre los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos se deterioraron por la problemática de los derechos humanos. En Centro América actuaban con fuerza el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua y diversas organizaciones guerrilleras en El Salvador; éstas formaron posteriormente el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
El régimen reaccionó ante la acumulación de condiciones nacionales e internacionales que le eran desfavorables, e intensificó los mecanismos represivos. La matanza de Panzós, en octubre de 1978, en la que murieron cerca de 100 indígenas kekchíes (q'eqchi'es) que realizaban una manifestación en demanda de resolución de un problema agrario, señaló el inicio de una etapa de endurecimiento de la represión. Los `escuadrones de la muerte' y los cuerpos de seguridad cometieron numerosos atentados contra líderes y cuadros de las organizaciones de oposición. Fueron asesinados, entre otros, los dirigentes socialdemócratas Alberto Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta, el líder estudiantil Oliverio Castañeda de León, el intelectual Manuel Andrade Roca, el sindicalista Mario Mujía Córdova, etcétera. Ante tal situación se formó el Frente Democrático contra la Represión (FDCR), integrado por varias decenas de organizaciones populares y dos partidos políticos, con la finalidad de defenderse de la represión y continuar la lucha contra el autoritarismo. También se produjo una reacción internacional. Después de la muerte de Fuentes Mohr, la Organización de las Naciones Unidas incluyó a Guatemala entre los casos sujetos a investigación en la Comisión de Derechos Humanos.
La lucha armada se reactivó en un contexto que favorecía a las organizaciones guerrilleras, las cuales optaron por diversas estrategias. Las FAR, por ejemplo, dedicaron la mayor parte de su actividad a fortalecer sus vínculos con las organizaciones de masas; mantuvieron una actividad militar relativamente reducida en la capital y en la Costa Sur, y realizaron secuestros y acciones de hostigamiento, sabotajes y ejecuciones que servían de apoyo a su trabajo en las organizaciones de masas. Por medio de uno de los secuestros, el del Viceministro de Relaciones Exteriores, Alfonso Alonso, en octubre de 1979, lograron la difusión de un pronunciamiento. La acción militar principal se realizaba en los tres frentes guerrilleros del Departamento de Petén. Sin embargo, cuando se generalizó la guerra, a finales de la década, se organizó también el Frente Tecún Umán, en el Departamento de Chimaltenango. El EGP, consolidada ya su influencia en la zona de Ixcán y en el Triángulo Ixil, inició una fase de propaganda armada que tenía como objetivo explicar sus posiciones, ampliar su base social y expanderse a otros municipios de Quiché, por ejemplo Uspantán. Las acciones incluyeron ejecuciones de agentes del ejército, ocupación de poblaciones o de centros económicos, como el campamento petrolero de San Lucas, en noviembre de 1976. Simultáneamente, se fortalecía el frente Otto René Castillo, en la capital, y se organizaron nuevos frentes, como el llamado Luis Turcios Lima, en la Costa Sur.
La organización guerrillera realizó una amplia campaña nacional de propaganda, la cual incluyó varios secuestros, para obtener financiamiento o la difusión de comunicados, tanto en el país como en el exterior. Entre estas acciones se produjeron: el secuestro del Embajador de El Salvador, Eduardo Casanova, en mayo de 1977, a cambio de cuya liberación se difundió un pronunciamiento en el que se condenaba una reunión del BID en Guatemala; también el del político y empresario Roberto Herrera Ibargüen, en enero de 1978; y el del industrial Jorge Raúl García Granados, en octubre de 1979. A principios de 1980, el EGP inició la fase de generalización de la guerra en Ixcán, para lo cual organizó unidades regulares y enfrentó al ejército por medio de emboscadas y ataques a blancos fijos. La mayor acción fue el ataque al cuartel militar de Cuarto Pueblo, en abril de 1981, en la cual actuó la unidad insurgente 19 de Enero. Los guerrilleros no lograron capturar la posición por falta de armas pesadas, pero causaron numerosas bajas a la guarnición. Al mismo tiempo, se activaron otros frentes en el norte y sur de Quiché, norte de Huehuetenango, y regiones de Alta Verapaz, Chimaltenango, Sololá, Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu, Izabal, Chiquimula y Zacapa, además de la capital. En esos frentes, con diversa intensidad, se realizaron acciones de propaganda armada, sabotaje y emboscadas; empero, las mayores acciones militares tuvieron lugar en el Altiplano. El EGP estableció cierto nivel de control en los frentes de Quiché y Huehuetenango, donde organizó numerosas comunidades bajo la dirección de Comités Clandestinos Locales, y buscó reclutar a la población para sus unidades regulares o bien para las milicias locales llamadas Fuerzas Irregulares Locales (FIL).
Las acciones bélicas de la ciudad incluyeron varios atentados, como en el que perdió la vida el General David Cancinos, Jefe del Estado Mayor del Ejército, el 9 de junio de 1979, así como sabotajes, emboscadas a unidades militares y policíacas, asaltos a cuarteles policíacos y ocupaciones de municipios cercanos. El supuesto estratégico del EGP era proceder por etapas, primero la instalación, sobrevivencia y consolidación, a lo que correspondía la propaganda armada, después generalizar la guerra, enfrentar al ejército, disputarle territorio y población, desarticularle unidades y recuperar armamento, derrotarlo localmente y expulsarlo para establecer Zonas Liberadas en las que se pudiera asentar el poder alternativo guerrillero, mientras la guerra se llevaba a Zonas en Disputa y a Zonas Guerrilleras, con lo cual se indicaba un nivel diferente del avance insurgente. Ello debería coincidir con la conquista de la legitimidad internacional, obtenida mediante la acción de mecanismos políticos y diplomáticos, y por medio de la lucha de masas en las ciudades. En la medida en que esos tres niveles de lucha se desarrollaran al mismo tiempo se extenderían las Zonas Liberadas, el poder alternativo rebelde podría obtener reconocimiento internacional, y la lucha de organizaciones de masas disputaría el control de las ciudades al gobierno y, finalmente, conduciría a la insurrección en las áreas urbanas y el ejército gubernamental podría ser derrotado globalmente para provocar el traspaso del poder.
Después del inicio de sus acciones en 1978, ORPA expandió rápidamente sus operaciones por medio de un amplio trabajo clandestino previo. Organizó seis frentes en San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu, Suchitepéquez y la capital. En el área rural las unidades de ORPA enfrentaron al ejército, ocuparon poblaciones que incluían varias cabeceras municipales, atacaron cabeceras departamentales, interceptaron el tráfico en carreteras, realizaron sabotajes, atentados, etcétera. El frente de la ciudad tenía la misión principal del apoyo logístico. En las zonas bajo su influencia se buscó organizar a la población en estructuras de resistencia.
El PGT oficial, conocido como PGT Comité Central, organizó actividades de sabotaje y atentados en la capital y la Costa Sur e intentó, sin éxito, abrir un frente en Alta Verapaz. También efectuó secuestros para obtener difusión de pronunciamientos.
La facción conocida como Núcleo de Dirección y Conducción también hizo el intento de abrir un frente en el Departamento de Santa Rosa.
En 1981 la guerra se generalizó en la mayor parte del país, ya que estaban en actividad seis frentes de ORPA, siete del EGP, cinco de las FAR, más las actividades militares de las organizaciones del PGT. Esos frentes abarcaban la Costa Sur, la capital, la región central del Altiplano, el macizo de Los Cuchumatanes y la selva petenera. Se estima que, en su momento de mayor auge, las diversas organizaciones guerrilleras tenían 6,000 combatientes y cerca de 250,000 personas controladas u organizadas en su apoyo.
Las actividades internacionales también tomaron un sesgo positivo para los insurgentes. El régimen guatemalteco fue colocado en el grupo de los países sujetos a vigilancia de las Naciones Unidas por la violación a los derechos humanos, lo que coadyuvó a un relativo aislamiento y pérdida de apoyos externos, del gobierno presidido por el General Romeo Lucas García. Una multitud de Comités de Solidaridad y grupos de diversa naturaleza se activaron en países europeos, latinoamericanos, en Estados Unidos y Canadá, al mismo tiempo que, en esos países, las representaciones externas del Frente Democrático contra la Represión fueron reconocidas como representativas, por gobiernos y entidades de la sociedad civil. El balance de fuerzas en Centro América, por otra parte, había variado sustancialmente con el triunfo de la revolución sandinista y la generalización de la guerra en El Salvador, lo que aumentó los apoyos externos de la insurgencia.
Hasta mediados de 1980 la lucha de masas en las ciudades mantuvo un alto nivel de combatividad. En marzo de ese año, activistas indígenas y de las organizaciones de masas ocuparon la Embajada de España, buscando potenciar sus denuncias de la represión en Uspantán, Quiché. Las autoridades violaron la inmunidad diplomática y asaltaron la Embajada; en el transcurso de la operación murieron quemados los ocupantes y los rehenes, incluyendo diplomáticos. El incidente condujo a la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países y acrecentó el aislamiento internacional del gobierno del General Lucas. Como consecuencia de este hecho se organizó el Frente Popular 31 de Enero (FP-31), que realizó actividades tanto de lucha social como armada, especialmente en la capital.
Finalmente, los insurgentes emprendieron nuevas acciones para unir sus esfuerzos. En 1979, el EGP, las FAR y una facción del PGT crearon una instancia de comunicación y coordinación denominada Tripartita, que un año después, con la incorporación de la ORPA, se transformó en Cuatripartita. En esa fase, el gobierno de la república perdió control político en el país, espacio en el frente internacional y sufrió reveses militares de consideración. Los insurgentes no llegaron a establecer Zonas Liberadas, en las cuales no pudiera penetrar el ejército, pero organizaron un control fáctico en numerosos municipios, en los cuales impidieron la operatividad de las instituciones gubernamentales. Los rebeldes, además, reclutaban, organizaban y entrenaban segmentos extensos de la población.
La lucha de masas continuó aun con la intensificación de la represión. Una de sus principales manifestaciones fue la huelga general de los trabajadores agrícolas de la Costa Sur, en enero de 1980, que abarcó a 75,000 laborantes de 70 fincas y concluyó con la aprobación de un nuevo salario mínimo. Los análisis que hicieron los militares indicaron la seriedad de la situación y la posibilidad de que empeorara. El gobierno reaccionó con una contraofensiva, cuya concepción central varió sucesivamente y se desarrolló por etapas. El primer frente atacado fue el urbano. Por medio del trabajo de inteligencia y nuevas tecnologías de vigilancia, introducidas con asistencia externa, se descubrió y se destruyó la infraestructura de las organizaciones revolucionarias de la capital durante el segundo semestre de 1981 y, de esa manera, se afectó severamente la logística y las comunicaciones de la guerrilla.
Por otra parte, las actividades de terror que se reiniciaron en la capital y en otras ciudades, desde finales de 1978, se incrementaron y alcanzaron sus mayores niveles entre 1980 y 1981. Grupos religiosos, sindicales y populares, partidos de tendencia socialdemócrata, la Universidad de San Carlos, entre otros sectores, fueron blanco del ataque de los `escuadrones de la muerte'. Centenares de dirigentes de primera línea y muchos cuadros intermedios perdieron la vida y otros abandonaron el país, lo cual condujo al desmantelamiento de las organizaciones de masas, que se vieron forzadas a pasar a la clandestinidad. Fueron asesinados decenas de religiosos, inclusive varios sacerdotes. Como resultado de ello, cuando los frentes guerrilleros en el interior del país alcanzaron su mayor capacidad ofensiva, la acción en las ciudades había disminuido drásticamente, y la posibilidad de que la lucha de masas adquiriera proporciones insurreccionales había desaparecido. En tales circunstancias, el ejército pasó a la contraofensiva en los frentes rurales durante la segunda mitad de 1981. La inteligencia militar interceptó información sobre un esfuerzo de concentración de unidades guerrilleras en el Altiplano; por medio de esto se perseguía potenciar la capacidad de ataque de dichas unidades, pero el ejército se anticipó. En forma similar a lo que había sucedido en la primera fase, el ataque principal se dirigió contra las bases de apoyo social de la insurgencia en las zonas en disputa.
En la contraofensiva citada se emplearon siete batallones de infantería, y en un principio se concentró en el Departamento de Chimaltenango; posteriormente se extendió en profundidad a los Departamentos de Quiché, Huehuetenango, Quetzaltenango, las Verapaces y Petén. Se destruyeron, total o parcialmente, numerosas comunidades; una parte de la población de éstas fue eliminada mediante ejecuciones extrajudiciales colectivas, y otra buscó refugio en las montañas o en México. Las estadísticas sobre el costo social de esta parte de la guerra son imprecisas, pero se ha calculado que se afectaron unas 440 comunidades, en las que perdieron la vida cerca de 50,000 personas, en su mayoría campesinos indígenas, y aproximadamente un millón de habitantes abandonaron sus viviendas para convertirse en refugiados en el extranjero o en desplazados internos en las montañas. Las unidades militares de la insurgencia no pudieron detener la ofensiva. Aunque tenían numerosos combatientes, estaban equipadas principalmente con armas ligeras y explosivos, y no disponían de armas pesadas; ello les impedía atacar con éxito blancos fijos o resistir encuentros frontales con el ejército que contaba con artillería y medios aéreos. Los guerrilleros estaban respaldados por numerosas formaciones milicianas locales y decenas de miles de adherentes, pero estos elementos no disponían de armamento y no estaban suficientemente organizados o entrenados. Con tiempo y armas suficientes hubieran podido formar un gran ejército revolucionario, pero esto no fue posible por la intensidad de la contraofensiva del ejército. En aquellas circunstancias, las unidades regulares de la guerrilla libraron combates casi sólo para proteger la retirada de la población civil, y se retiraron a sus zonas de implantación. Sin embargo, los frentes fueron desarticulados en su mayoría, y las zonas de influencia volvieron a control gubernamental.
En síntesis, las fuerzas revolucionarias fueron derrotadas porque habían sobreestimado su fuerza militar y la habían extendido en un área muy amplia. Durante la contraofensiva, el ejército pudo concentrar, en puntos sucesivos, unidades con más elementos y mayor poder de fuego, y aplicó la estructura de las Fuerzas de Tarea, en tanto que los guerrilleros no pudieron hacer lo mismo. Enfrentados a fuerzas superiores, los insurgentes se retiraron y salvaron al grueso de sus unidades regulares, pero no pudieron defender a la masa de la población de apoyo, sobre la cual se abatió la represión. Además de ello, no pudieron hacer coincidir su propia ofensiva con la lucha social y militar; aun en la ciudad capital ambos momentos estuvieron separados. Tampoco habían alcanzado un nivel de unidad óptimo entre las diversas organizaciones, y tampoco disponían de un `brazo político' que les permitiera establecer alianzas amplias con las capas medias y los partidos políticos. Los revolucionarios buscaron corregir las debilidades, que se habían hecho evidentes. En enero de 1982 se hizo pública la constitución de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que se formó por las mismas organizaciones de la Cuatripartita, pero ya como una estructura unitaria. A principios de 1982, asimismo, se constituyó el Comité Guatemalteco de Unidad Patriótica (CGUP), con la función de frente político, similar al FDR de El Salvador. Sin embargo, los esfuerzos de recomposición de la insurgencia enfrentaron una sofisticada estrategia contrainsurgente de largo alcance, desarrollada por el ejército no sólo para golpear militarmente a los rebeldes, sino dirigida también a modificar las condiciones políticas y sociales que habían permitido su crecimiento.
El golpe de Estado de marzo de 1982, por el cual se derribó al Presidente Lucas, tuvo especial importancia. Los gobiernos militares sucesivos, tanto el presidido por el General Efraín Ríos Montt hasta 1983, como el que presidió el General Oscar Mejía Víctores hasta 1985, continuaron la estrategia contrainsurgente, pero políticamente prepararon las condiciones para la transición a la democracia. Esto se consiguió mediante la elaboración de una nueva Constitución y la elección de un presidente civil, a finales de 1985. Después del golpe de Estado, el ejército revisó sus planes contrainsurgentes. Con base en un plan general denominado Plan de Seguridad y Desarrollo se diseñaron programas anuales de campaña, cuyo énfasis varió entre los objetivos militares, políticos y sociales. En 1982, por medio del plan Victoria 82 se atacó militarmente a los rebeldes, con la intención de separarlos de la población, y organizar a ésta en apoyo al ejército. La campaña Firmeza 83 tuvo como objetivo consolidar el control sobre la población recuperada y mejorar la acción de gobierno. La denominada Reencuentro Institucional 84 concedió preferencia a las reformas políticas que, como las elecciones para integrar la Asamblea Nacional Constituyente, devolvieron legitimidad al Estado. La llamada Estabilidad Nacional 85 se concentró en la reorganización del ejército en términos de las experiencias recientes, en las elecciones nacionales y en nuevos ataques a la guerrilla. La denominada Consolidación 86 repitió los mismos temas, en tanto que Fortaleza 87 trabajó especialmente en la recuperación de refugiados.
En los primeros planes, aparte de los aspectos militares, el énfasis se puso en un nuevo tipo de presencia gubernamental en las áreas que habían estado bajo influencia guerrillera, con el objeto de consolidar el territorio y la población. Uno de los procedimientos principales fue la concentración de la población en comunidades bajo control militar, según el modelo de `aldeas estratégicas' empleado en las experiencias contrainsurgentes británicas y estadounidenses en Asia. En Guatemala se llamaron Aldeas Modelo, y se agruparon en zonas identificadas como Polos de Desarrollo. Todo ello dentro de un nuevo concepto de descentralización estatal, basado en las Coordinadoras Interinstitucionales. Se perseguía que la población en tales aldeas estuviera controlada militarmente, y, por lo tanto, aislada de los insurgentes, que recibiera bienes y servicios que elevara sus condiciones de vida, en tanto se realizaba allí el correspondiente trabajo político para generar lealtad al régimen. Algunos programas específico de ese tiempo y con dicha finalidad, fueron `Fusiles y Frijoles' y `Techo, Tierra y Trabajo'.
Un segundo componente fundamental fue la creación de las llamadas, primero, Patrullas de Autodefensa Civil, y después, Comités Voluntarios de Defensa Civil. Se integraron al principio en las zonas en conflicto, pero posteriormente el modelo se extendió a todo el país. Eran cuerpos de milicianos con funciones de defensa local, y completaron la integración de la población a las posiciones gubernamentales. Las aldeas y los polos, en efecto, ubicaron pasivamente a los campesinos bajo el control oficial, pero las patrullas los hicieron participar activamente en el esfuerzo contrainsurgente.
Los dos planes citados tuvieron grandes dimensiones. A principios de 1985 se habían establecido cinco Polos de Desarrollo con 52 Aldeas Modelo, los cuales englobaban cerca de 20,000 personas; en tanto que las Patrullas de Autodefensa Civil llegaron a tener unos 900,000 integrantes. A pesar de ello, los planes fueron insuficientes en relación con los ambiciosos objetivos iniciales. Estos, en efecto, buscaban abarcar a la mayoría de los habitantes de la región, lo cual hubiera demandado recursos financieros que no tenía el Estado, además de un tiempo del que ya no dispuso el ejército al revertir el poder a los civiles, en 1986. Además de la recuperación y control de las zonas de conflicto y las reformas políticas mencionadas antes, la estrategia contrainsurgente contemplaba la destrucción militar de las unidades y de las estructuras de mando de la guerrilla, así como la ocupación de sus zonas de implantación. Sin embargo, en esto último, el ejército no tuvo éxito, ya que, a pesar del carácter limitado de sus ofensivas, la URNG pudo mantener sus áreas de operación y sus acciones armadas.

Búsqueda de la Paz

En los años siguientes, el enfrentamiento armado se estabilizó en un nivel de poca intensidad, pero sin posibilidad de solución. En el período posterior a la contraofensiva militar de 1981-1982, las fuerzas insurgentes se limitaron a reagruparse y a defender sus zonas de implantación, a la vez que absorbían los efectos políticos de la derrota, en particular la pérdida de influencia sobre la mayor parte de su base social. Las organizaciones volvieron a sufrir problemas internos. En 1984 el EGP sufrió la escisión de un grupo que adoptó el nombre de Octubre Revolucionario, y el PGT se dividió nuevamente. Una fracción de éste se llamó PGT-6 de Enero. Asimismo, se intentó consolidar una nueva organización guerrillera, el Movimiento Revolucionario IXIM que, aparte de algunas acciones urbanas, no logró establecer un frente rural y fue aniquilado.
La URNG, por su parte, buscó mejorar sus niveles unitarios, y constituyó una Comandancia General, que asumió la dirección del esfuerzo bélico.
Finalmente, como parte de los reacomodos, la fracción del PGT Núcleo de Dirección y Conducción, que ocupaba el cuarto espacio dentro de la URNG, fue sustituida por la fracción PGT Comité Central, que tenía todavía el reconocimiento de los partidos comunistas del mundo. La URNG quedó reorganizada después de 1985, y a partir de entonces reconformó algunos de sus frentes, mantuvo su presencia y sus apoyos internacionales, rechazó los ataques del ejército e inclusive experimentó cierta expansión, pero sin duda las circunstancias, externas e internas, habían cambiado de manera drástica en su contra.
En la arena internacional finalizó la Guerra Fría como consecuencia del derrumbe de la Unión Soviética y de sus países satélites y se estableció la hegemonía indiscutible estadounidense en Centro América. Los republicanos obtuvieron con Ronald Reagan la presidencia de Estados Unidos. Tales cambios, así como los procesos de pacificación iniciados en Contadora y Esquipulas, crearon las condiciones para buscar una solución política negociada a la crisis. En Nicaragua, por ejemplo, se celebraron elecciones y los sandinistas perdieron el poder. En El Salvador, asimismo, se fortaleció el proceso negociador y, finalmente, en 1990, se firmó la paz en Chapultepec. En el ámbito interno se estabilizó la transición a la democracia durante el gobierno de Vinicio Cerezo, pese a algunos intentos de golpe militar. Se produjeron elecciones libres y el consiguiente cambio de gobierno en 1990. El golpe de Estado promovido por el propio Presidente Jorge Serrano, en 1993, puso en peligro la transición, pero el orden constitucional se restauró oportunamente.
Como resultado de la campaña contrainsurgente una parte de la población rural rechazó que se le involucrara en la guerrilla.
En efecto, los Polos de Desarrollo y las Aldeas Modelo fueron absorbidas en el marco institucional, pero las patrullas persistieron y se convirtieron en un elemento importante del combate a la insurgencia, en la medida en que suplieron información, controlaron a los habitantes y casi inmovilizaron al movimiento rebelde en una buena parte del país.
Desde el inicio de la década 1990, la URNG ha mantenido una limitada expansión de sus actividades militares. A finales de 1994 se suponía que operaban cuatro frentes de las FAR, dos del EGP, cinco de ORPA y un Frente Unitario, todos ellos en los municipios que rodean a la capital, aparte de algunos comandos urbanos. El país se clasificó de nuevo como zona de guerra, aun cuando el número de combatientes rebeldes no excedía de 1,000 ó 1,500 y la base de apoyo social sumaba unas 25,000 personas. El ejército se reorganizó después de su victoria de los años 1981 y 1982 fundado en un modelo de Bases Militares y Fuerzas Móviles Estratégicas. Con las primeras cubrió todo el país, y las segundas funcionaron como una fuerza constante de operación contra las unidades insurgentes. Los rebeldes usaron minas, atacaron blancos en movimiento, realizaron ocupaciones de poblaciones para hacer propaganda, e interrumpieron el tráfico en carreteras, y efectuaron actos de sabotaje a la infraestructura vial y de energía, y ocasionales ataques a blancos fijos. El ejército, a su vez, mantuvo la movilización de patrullas con apoyo aéreo en busca de la guerrilla, y siguió dependiendo de la capacidad de su aparato de inteligencia, así como del control ejercido por las Patrullas Civiles.
Durante algunos años tal tipo de guerra se mantuvo confinado a zonas remotas. Posteriormente, la URNG aumentó sus acciones en las carreteras, e inclusive en las cercanías de ciudades, y destacó columnas que operaron en el Departamento de Guatemala. El efecto de estas actividades bélicas se percibió en la capital, pero en la propia ciudad no se realizaron sino acciones muy limitadas. La naturaleza de la guerra en las décadas 1980 y 1990, hizo improbable que alguna de las partes lograra un desenlace militar favorable. El cambio de las condiciones políticas, tanto internas como externas, así como su limitada capacidad militar, excluyeron una victoria de la URNG. El gobierno, por su parte, aunque pudo absorber sin dificultades los costos de la guerra, no tenía perspectivas de resolver en definitiva el conflicto por la vía armada, ante la resistencia demostrada por la URNG. Un conflicto con esas características podía prolongarse largamente. Además de ello, los cambios acaecidos en el mundo y en Latinoamérica en particular, privaron de legitimidad a la tesis de las revoluciones por medios violentos. En suma, no existían ya las condiciones políticas y militares para continuar el conflicto armado. La posibilidad de una salida negociada a la guerra se creó con el Procedimiento de Esquipulas, en 1987, el cual obligó a los gobiernos signatarios a buscar una solución política a sus conflictos internos. Ello obligó también a la URNG, la que, al iniciarse la transición a la democracia, había hecho pública su voluntad de negociar.
El primer encuentro directo entre el gobierno y la URNG se realizó en Madrid, en agosto de 1987. En esa reunión, el gobierno adujo que su legitimidad invalidaba las causas de la rebelión, y demandó la deposición de armas y la reintegración a la vida legal, a cambio de lo cual se otorgaría una amnistía y condiciones favorables de reinserción. La URNG, a su vez, demandó que previamente se acordaran cambios estructurales, de carácter político, social y económico; argumentó que las desigualdades sociales eran el origen y causa de la guerra, y sólo dejarían las armas después de la solución de tales problemas. Durante todo el de gobierno de Vinicio Cerezo esas posiciones no cambiaron y, por consiguiente, la negociación no avanzó. La inflexibilidad del gobierno obedecía a que algunos sectores se oponían a hacer mayores concesiones, lo que inclusive causó dos intentos de golpe de Estado. El proceso se mantuvo gracias a que la Comisión Nacional de Reconciliación, cuyo presidente era el Obispo Rodolfo Quezada Toruño, se reunió con la URNG en Oslo y posteriormente auspició un ciclo de encuentros entre los insurgentes y diversos actores de la sociedad civil. Merced a estas reuniones la sociedad se percató de la posibilidad de la paz y se consolidó la idea de que la agenda debía incluir los problemas estructurales del país y su solución.
En 1991, al iniciarse el segundo gobierno de la transición, presidido por Jorge Serrano, se vencieron las resistencias internas gubernamentales y se reemprendieron las negociaciones con una agenda que incluía los temas estructurales, que pasaron a denominarse `sustantivos', junto a los que se referían al enfrentamiento armado, u `operativos'. La lógica indicaba que al resolverse satisfactoriamente el bloque `sustantivo' se producirían las condiciones para concluir la guerra por los medios `operativos'.
El proceso se prolongó durante más de dos años, en numerosas reuniones celebradas en México y moderadas por el mismo Monseñor Quezada Toruño como Conciliador. Inicialmente se aprobó la agenda y el procedimiento, y se resolvió de modo parcial el punto relativo a la definición del marco general para la democratización, a través del Acuerdo de Querétaro; sin embargo, la negociación se estancó en lo concerniente a los derechos humanos. Con el golpe de Estado de mayo de 1993, las pláticas se interrumpieron y sólo se reanudaron hasta que se restauró el orden institucional y asumió el Presidente Ramiro de León Carpio. Este gobernante, inicialmente, propuso la sustitución del procedimiento acordado, con el objeto de separar los temas sustantivos de los operativos, lo que demoró el reinicio de las pláticas.
En enero de 1994, mediante un nuevo Acuerdo Marco, continuó la negociación. De nuevo se unificó en la agenda la secuencia de los temas sustantivos y operativos, pero se sustituyó al Conciliador por una mediación de Naciones Unidas. Se resolvieron varios puntos: derechos humanos, situación de los refugiados y desplazados, creación de una comisión para investigar las violaciones a los derechos humanos y hechos de violencia, creación de la Asamblea de la Sociedad Civil como instancia paralela de discusión de los contenidos sustantivos, así como el establecimiento de una misión verificadora de Naciones Unidas y, finalmente, el acuerdo sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas, ambicioso documento que busca enmendar la discriminación étnica que ha existido desde la conformación de la nación.
En 1996 asumió el poder el tercer gobierno del proceso de recuperación de la democracia, bajo la presidencia de Alvaro Arzú Irigoyen. En su mandato la negociación se aceleró, deteniéndose las acciones militares de ambas partes en el mes de febrero de ese año y firmándose el acuerdo sobre los temas económicos, sociales y agrarios, en el mes de mayo. A nivel de los hechos, el enfrentamiento armado entró en su fase de extinción
Fte: Gabriel Aguilera Peralta